La Corrupción de los años 1990

La corrupción en el Perú de los noventa

Por: Antonio Zapata

Recursos extraordinarios obtenidos por las privatizaciones y el narcotráfico, el avasallamiento de las instituciones de control y la complicidad de actores económicos fueron los factores que posibilitaron el nivel de corrupción que vivimos en la década pasada. 

Desde muy antiguo, los peruanos somos tolerantes ante una amplia variedad de actos corruptos, por los cuales la autoridad se beneficia de bienes y recursos públicos. Esa costumbre no empezó con Alberto Fujimori sino que tiene hondas raíces en nuestra historia. Esa tolerancia es una forma de la complacencia ante una práctica habitual de los gobernantes, quienes frecuentemente consideran la hacienda pública como dominio personal. La posibilidad de que a uno mismo o a algún pariente o amigo le toque participar de la condición de autoridad provoca esa complacencia, que solamente es una forma del deseo. Los peruanos gozamos de una normalidad muy singular, expresada en la máxima "que robe pero que haga". Esa expresión acepta como hecho consumado que la autoridad robará, aspirando escasamente a que el hurto no sea total, sino que además se realice alguna obra. Privatización y narcotráfico Durante la década del noventa, dos factores hicieron que ese hábito llegase al paroxismo. En primer lugar, hubo recursos extraordinarios en manos del Estado fruto del proceso de privatizaciones. Como se ha establecido en diversos estudios, las privatizaciones devengaron 9221 millones de dólares. Ese dinero era fruto de la venta de los activos del Estado, obviamente ingresaba solo por una vez y fue dilapidado completamente en vez de usado prudentemente para el desarrollo nacional. Hoy en día quedan apenas 543 millones de dólares, y el resto se ha evaporado en diversas compras inútiles, concretadas solamente por interés en la coima.

Adicionalmente, es preciso añadir que el narcotráfico constituyó una segunda fuente de recursos extraordinarios. En efecto, durante los noventa los tentáculos de las drogas penetraron en el Estado, siguiendo un camino que había sido establecido durante la década anterior. Las cifras no han sido precisadas, porque la cuantificación es muy compleja. No se sabe a cuánto asciende, pero es indudable que su aporte fue significativo en la formación de una bolsa que hizo más interesantes las operaciones de corrupción de los noventa. 

El desmontaje de la Contraloría General 

Por otro lado, la segunda condición del proceso de corrupción fue el autogolpe del 5 de abril de 1992. En ese momento se reunió la condición política que operó como el gatillo que disparó la corrupción. Esta ya había comenzado para aquel entonces, como lo muestran los casos de la ropa usada y el transporte del dinero al exterior siguiendo la estrategia de la hormiga. Pero el 5 de abril fue clave, porque un grupo decidido a robar se apoderó de la nave del Estado, estimulado por esos ingresos extraordinarios. Una de las actividades cruciales de ese grupo fue el desmontaje de las instituciones de control y fiscalización. 

El caso más notable fue la Contraloría General de la República (CGR). Esta institución fue reorganizada, disminuyéndose notablemente su capacidad de actuación, restándole atributos legales y nombrándose como nuevo contralor a Víctor Caso Lay, quien comandó la institución hasta el año 2000. La CGR es una institución de escasa visibilidad y de segundo orden dentro del aparato del Estado peruano. Pero es una institución fundamental en el tema de la corrupción. Si la CGR funcionara bien, la corrupción disminuiría en forma considerable. Su misión es auditar las operaciones económicas de todas las reparticiones públicas. En algunos países vecinos las instituciones similares a la CGR han logrado que las operaciones económicas públicas funcionen con un elevado grado de racionalidad y de eficiencia burocrática. Por lo demás, la CGR dispone de una oficina de auditoría interna en cada repartición pública. Es decir, además del personal permanente de la CGR, esta institución tiene representantes repartidos por todo el tramado institucional del Estado, constituyendo una red encargada de evitar la corrupción. Esta institución fue puesta de cabeza por el fujimorismo. Por un lado, sus acciones sirvieron para darle legalidad a un conjunto de operaciones corruptas que estaban en curso. Por ejemplo, la Contraloría legalizó las fraudulentas compras de armamento chatarra que adquirieron las Fuerzas Armadas. Pero, por otro lado, la CGR revisó minuciosamente las cuentas de las escasas instituciones públicas que dirigía la oposición democrática al régimen. Así, las dos terceras partes de las acciones de la CGR durante el lapso 1993-2000 estuvieron dirigidas a fiscalizar a los municipios. No obstante que los gobiernos locales apenas manejan el 3,5 por ciento del presupuesto, ellos fueron el objeto de la mayor parte de las acciones de fiscalización. 

Así, la CGR fue empleada como escudo para proteger a los corruptos y, paralelamente, como lanza para hostigar a los adversarios del régimen. Otra institución crucial de control es la SUNAT, que fue reorganizada y modernizada en un primer momento, llegando a adquirir un elevado prestigio institucional. Sin embargo, más adelante sufrió un agudo desgaste ético. Así, la SUNAT implementó el sistema denominado RUC sensible que estaba destinado a proteger del escrutinio público las comprometedoras declaraciones de importantes personajes del Estado, empezando por Vladimiro Montesinos. Por otro lado, la SUNAT hostigaba adversarios del régimen a través de la policía tributaria. Militares, amigos y banqueros Esta degeneración institucional era necesaria para que el grupo corrupto que se había apoderado del aparato del Estado pudiera delinquir como había sido su propósito desde el primer momento. Ese grupo estaba integrado por tres componentes principales, que interactuaron para darle estabilidad al proyecto golpista. Por un lado se hallaban los altos mandos militares encabezados por Nicolás Hermoza Ríos y el mismo Vladimiro Montesinos. La lucha contra Sendero había obligado a estabilizar la cúpula militar y la Comandancia General recayó en Hermoza, que controló el poder militar desde 1991 hasta su remoción en 1998. Por otro lado, el enfrentamiento interno también promovió a los servicios de inteligencia que proyectaron su control sobre la sociedad peruana. Estos procesos habían comenzado durante los ochenta, cuando se había avanzado bastante en la militarización del país. Sin embargo, en 1995 se perdió una guerra convencional con el Ecuador, que eligió bien el terreno de lucha y la táctica militar. 

Debido a ello, y como las tensiones aumentaban, entre 1995 y 1998 se sucedió un proceso monumental de adquisiciones de material de guerra, hasta constituir las mayores compras relativas de la historia nacional. Todos esos gastos fueron inconvenientes porque se compró chatarra, habiendo sido la coima el factor fundamental en la toma de decisión sobre proveedor y bien final. Así se consumieron 1885 millones de dólares, y su resultado son esos aviones que se caen y las grandes cuentas en el extranjero de Hermoza y su séquito. 

La conexión china 

En segundo lugar se encontraba el círculo íntimo del Presidente, integrado por allegados de diversa procedencia. Entre otros integrantes de este exclusivo grupo destacó Víctor Joy Way, quien fuera congresista y ministro en diversas carteras. Él tenía una empresa de importaciones de productos provenientes de la China, que trajo bienes por un valor de 330 millones de dólares. Gracias a sus contactos políticos, esa compañía colocó sus productos en el Estado. 

Prácticamente ninguno fue útil. 

El ejemplo más ilustrativo es la importación de tractores muy ligeros diseñados para praderas. Puestos en el exigente y quebrado terreno peruano se malograron al cabo de un tiempo y no volvieron a funcionar. La operación más espectacular de Joy Way fue la compra de medicinas chinas, una vez más muy baratas, aunque al borde del vencimiento. Cuando estas eran repartidas muchas veces estaban vencidas. Así, no dudó en jugar con la salud de las mayorías para seguir aumentando la supuesta eficiencia de su compañía especializada en comprar inservibles baratos. Sus ganancias fueron considerables, pues sus cuentas en el exterior se cifran en decenas de millones de dólares. El tercer grupo es mucho más complejo, ya que está integrado por individuos pertenecientes a la clase alta de siempre. Ellos han estado fuera del Estado haciendo muy buenos negocios en este festín que fue reventarse el dinero extra proveniente de las privatizaciones. Pero, asimismo, han tenido cuadros orgánicos dentro del Estado como por ejemplo el ministro Jorge Camet, quien estuvo más de cinco años al frente del crucial Ministerio de Economía. Al dejar el ministerio Camet se ha incorporado al directorio del Banco de Crédito y al de Telefónica, evidenciando los intereses que sirvió durante su larga permanencia en el poder. Los grupos financieros Tanto Dionisio Romero cuanto Eugenio Bertini han sido vistos en diversos vladivideos negociando ventajas empresariales a cambio de servicios políticos. 

Por ejemplo, Romero negocia con Montesinos, quien será nombrado administrador judicial de la empresa Hayduk, que tenía fuertes deudas con el Banco de Crédito y graves acusaciones de narcotráfico. Por otro lado, después de verse favorecido con la privatización de Matarani, en reunión con la cúpula militar, Romero consiente publicar en el diario Expreso  declaraciones de apoyo a la segunda reelección. Por su lado, Bertini negoció toda la transferencia de la propiedad del segundo banco nacional de la familia Wiese hacia la banca italiana. Esta operación requirió una presencia fuerte del Estado, porque los italianos no entraban a menos que el gobierno avalase la cartera pesada del Wiese. 

Esta operación se concretó y luego Vladimiro le exigió a Bertini préstamos extraordinarios para los canales de televisión comprometidos con la campaña por la segunda reelección. Es un hecho muy revelador que tanto el primer cuanto el segundo grupo financiero nacional negocien con Montesinos ventajas al margen del sistema legal. Muestra, por un lado, cuán involucrada estuvo la elite económica con el fujimorismo. Por otro, constituye un ejemplo de la naturaleza rentista de su actividad económica. Entre los integrantes del poder económico, la competencia empresarial no se resuelve por productividad sino a través de un arreglo político bajo la mesa y violentando el marco legal. 

Fortalecer la tradición anticorrupción 

Sin embargo, la corrupción es susceptible de ser enfrentada y derrotada. En el Perú no solamente existe una tradición en este terreno. Por el contrario, debido precisamente a la extensión del mal, se halla presente una segunda tradición que hace de las manos limpias su razón de ser. Esa tradición es tan antigua como la otra y siempre ha pretendido enderezar la administración pública. Este no es solamente el país de Montesinos y Fujimori; es también el país de Manuel González Prada y Gustavo Gutiérrez. 

Este es un país donde hay una lucha abierta, que en otras latitudes ya se zanjó hace mucho tiempo. 

Entre nosotros ese combate aún no ha terminado. Pero existe multitud de personas interesadas en terminar con la corrupción. A quienes como nosotros nos ha tocado investigar los latrocinios del fujimorismo, también nos corresponde acompañar ese sentimiento para proyectar una corriente que imponga, por fin, el buen gobierno en el país.